ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado ponente

AC5982-2017

Radicación n° 23162-31-84-001-2012-00101-01

(Aprobado en sesión de veintiséis de abril de 2017)


Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).-


Decide la Sala la admisibilidad de la demanda presentada por ÁLVARO ALFREDO ARGUMEDO DURANGO para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso frente a la sentencia proferida en audiencia de 11 de agosto de 2015 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería dentro del proceso verbal de aquél contra los herederos determinados e indeterminados de DANIEL ANTONIO GOMEZCASSERES VILLADIEGO, siendo los primeros DANIELA FRANCISCA GOMEZCASSERES CUTER y DANIEL ANTONIO GOMEZCASSERES LÓPEZ.


I.- ANTECEDENTES


1. El promotor pidió declarar que del 8 de enero de 1998 al 26 de septiembre de 2011 constituyó con Daniel Antonio Gomezcasseres Villadiego una unión marital de hecho y, en consecuencia, una sociedad patrimonial disuelta por la muerte de éste en la última fecha. Además, solicitó decretar la liquidación de la universalidad y que, “una vez ejecutoriada la sentencia” favorable, se inscriba en su registro civil, se decrete la ineficacia de los actos de partición y adjudicación notarial de los bienes del causante y se ordene rehacerlos (fls. 3 y 4, cuaderno 1).


2. Narró que sin estar casado ni celebrar “capitulaciones maritales” convivió con el prenombrado durante el tiempo indicado, en una casa de Ciénaga de Oro (Córdoba) y “producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo[s]” obtuvieron el patrimonio que relaciona.


Sostuvo que los dos convocados, hijos del de cujus con Ana Teodora López Cogollo y Judith del Carmen Cueter Vallejo, gestionaron notarialmente la respectiva sucesión y se hicieron adjudicar los bienes relictos sin oír su reclamo de darle “una casa por la atención a su finado padre” ni reconocerle el dinero que el primero le había prometido para cuando concluyera el trámite.


Añadió que en los últimos veinte años su extinto compañero no tuvo relaciones sexuales con dichas señoras.


3. Notificados los mentados sucesores, se opusieron a las pretensiones y alegaron las excepciones de fondo que denominaron “abuso del derecho”, “inexistencia del derecho invocado” e “ilegitimidad de la acción”. Fundaron las primeras en que su contradictor, a quien no conocen, “jamás convivió” con su progenitor, pues, “siempre ha vivido” en otra residencia, pero con afirmaciones falsas intenta obtener derechos que no le corresponden; además, su padre residía solo, siempre sostuvo una relación fraterna con ellos y “nunca desconocieron la afinidad y relación cercana que […] mantuvo con la señora Judith del Carmen Cueter Vallejo”. Erigieron la defensa postrera en que las súplicas se basan en una “legislación inexistente” (folios 84 al 89 ídem).


La curadora ad-litem de los indeterminados afirmó que la “suerte jurídica” de las aspiraciones del gestor debe ser “de acuerdo a lo que se pruebe” (fls. 113 y 114).


4. El 16 de octubre de 2014, el Juzgado Promiscuo de Familia de Cereté negó las reclamaciones (fls. 142 al 145).


5. Apelado el fallo por el perdedor, el 11 de agosto de 2015 fue confirmado integralmente por el ad-quem (fls. 27 al 30 del respectivo cuaderno).


6. El vencido formuló oportunamente recurso de casación que, concedido por esa Corporación y admitido por la Corte, sustentó con el escrito que se examina (fls. 31 al 34 ejusdem y 16 al 47 de este cuaderno).



II.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Sus argumentos se compendian así:


1. Debe dilucidarse si se probó la unión marital de hecho y si concurren los presupuestos de la sociedad patrimonial.


2. A las parejas homosexuales que cumplan las condiciones de aquella figura, es decir, que i) sin estar unidas por matrimonio, tengan una ii) comunidad de vida permanente y iii) singular, les asiste la protección contemplada en las Leyes 54 de 1990 y 979 de 2005, declaradas condicionadamente exequibles (CC C-075/07).


3. El artículo 2º del primer compendio, modificado por el 1º del segundo, presume la sociedad patrimonial cuando la unión no sea inferior a dos años, siempre que los compañeros no tengan impedimento para casarse o de tenerlo, la(s) sociedad(es) conyugal(es) haya(n) sido disuelta(s) por lo menos un año antes del inicio de aquella, sin que se requiera liquidarlas.


4. La “comunidad de vida” está integrada por la cohabitación (elemento externo), que no necesariamente debe ser de público conocimiento, y la finalidad de conformar una familia con el ánimo de “amarse, ayudarse y socorrerse mutuamente, para lo cual deben permanecer de manera singular” (elemento interno). 


5. Acá no se acreditaron esos componentes, pues, si bien los testigos coincidieron en que durante las fiestas de corralejas de enero de 1998 empezó el trato invocado, no hay claridad si “realmente existió una cohabitación…con la intención de conformar una familia”.


6. Los testimonios de Eris Alberto Arroyo Díaz, Leonidas Alejandro Esquivia Peña y Tito Ricardo Jiménez Estrada generan duda porque no obstante que el promotor afirma que la relación perduró más de trece años y que fue establecida con aquel propósito, todos se remontan a ese hecho y a esa calenda, “sin precisar otras fechas, eventos, situaciones concretas que permitieran inferir…la existencia de una comunidad de vida”.  


Fabio Domingo Flórez incurrió en contradicciones que le merman credibilidad, máxime que para aquella anualidad apenas tenía trece años, y si bien narró sucesos que presenció en noviembre de 2009, mientras pintaba la casa del finado Gomezcasseres Villadiego, “de ahí no se puede colegir inequívocamente la existencia de una comunidad de vida” de éste con Argumedo Durango, “…al margen de que las circunstancias de modo y tiempo en que dice haberlas visto, no son creíbles teniendo en cuenta el carácter reservado que todos los deponentes le atribuyen a la personalidad del difunto”.


7. Apreciadas “en conjunto” tales declaraciones, de ellas no puede inferirse “un proyecto de vida singular y permanente, en el que cada uno se complementaba con el otro” y, por ende, una unión marital, resaltándose que en algo tan esencial como los alimentos, no obstante las “dotes de culinaria” del apelante, apenas cocinara para sí mismo mientras el de cujus compraba “el almuerzo y cena donde la señora Aida Alfonsina Puentes Yánces, hecho que fue reconocido por todos los testigos”. Tampoco se acreditó que aquél acompañara a Gomezcasseres Villadiego a la Clínica Montería donde murió, “como lo impone[n] la lógica y las reglas de la experiencia”, sin que sea excusa válida que se quedó cuidando la casa, tomando mayor fuerza la hipótesis expuesta por el extremo pasivo, consistente en que “simplemente realizaba labores” en ese lugar.


La demandada Daniela Gomezcasseres Cueter reconoce el referido trato, pero disiente del elemento interno, pues, indica que su actual oponente “era solo un colaborador, esto es le hacía mandados…” a su ascendiente, teoría que “cobra mayor asidero ante la falta de convicción” de los citados deponentes, amén de que los restantes (Judith Cueter Vallejo, Aída Puentes Yánces e Isabel Cristina León Geovo) “sí fueron espontáneos, armónicos y claros en las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre las cuales tuvieron conocimiento de los hechos sobre los cuales rindieron testimonio”.


8. Entonces, en atención al principio “onus probandi”, no es viable admitir que los pluricitados fueron compañeros permanentes por más de trece años, máxime que Álvaro Alfredo tuvo dos inconsistencias en su declaración de parte, así: i)  al sostener inicialmente que la relación comenzó el 8 de enero de 1998 y que “recién conocido se fue a vivir con él [Gomezcasseres Villadiego] a la casa de la calle 8 con carrera 15”, lo que ante la insistencia del juez “rectificó que previamente ya lo había conocido”; y ii) no ser claro, conteste y espontáneo en relatar el desarrollo de esa comunidad de vida y los actos de solidaridad y apoyo mutuo, limitándose “a exponer una tarde en corralejas y que hacía desayunos y mandados al finado”.


Al respecto, “sabido es que la declaración de parte, a la luz de la normatividad actual y de la jurisprudencia sólo ofrece valor probatorio cuando confiesa [el absolvente], es decir, cuando en ella se afirman hechos que lo perjudican…de tal suerte que todo cuanto diga para su beneficio resulta irrelevante…”.






III. LA DEMANDA DE CASACIÓN


Contiene dos ataques, planteados con sustento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.


En común, el recurrente sostiene que los desaciertos incidieron en la confirmación de la sentencia del juzgado, cuando se le debieron conceder las pretensiones, ocasionándole un perjuicio por preterición de las normas sustanciales que consagran a su favor los derechos que persigue.

PRIMER CARGO


Se acusa a la sentencia de violar indirectamente, por inaplicación, los artículos 1, 2, 3, 5 y 6 de la Ley 54 de 1990, modificados por los preceptos 1, 3 y 6 de la Ley 979 de 2005, a raíz de manifiestos errores de hecho en la apreciación de las pruebas.


En su desarrollo, el censor sostiene que:


1- Los testimonios de Judith del Carmen Cueter Vallejo, Ayda Alfonsina Puentes Yances e Isabel Cristina de León Geovo fueron “incoherentes, vagos, imprecisos y contradictorios”; pero sin examinarlos pormenorizadamente, el ad-quem acogió sus “afirmaciones escuetas” e incurrió en suposición, al dar por demostrado a partir de los mismos, de forma contraevidente, que el demandante apenas “era un colaborador en los quehaceres domésticos”.  


No se entiende de dónde sacó esa conclusión, cuando la primera dijo que desde antes de 1998 perdió contacto directo con el finado y visitaba su casa muy excepcionalmente, lo que también riñe con lo sostenido en la contestación del libelo introductorio en el sentido que esa señora y Gomezcasseres Villadiego jamás dejaron de tener una “relación cercana extramatrimonial”.


Ayda Puentes Yánces relató que con no tuvo más vínculo con el precitado que la visita que éste le hacía a su domicilio para “consumir alimentos” y que era muy reservado. Además, refirió que Argumedo Durango era un simple “hace mandados” y que aquél “hacía el aseo del hogar y todos los oficios”, lo que todas luces es mentiroso, pues, ¿con qué tiempo realizaba esas faenas si tenía largas jornadas como docente y el inmueble era “considerablemente grande”?


Lo expresado por Isabel Cristina León Geovo también es “mendaz, contradictorio y poco convincente”, en la medida que dice que ni siquiera una vez vio a Álvaro Alfredo haciendo limpieza en dicha residencia, de tal forma que no puede extraerse lo concluido por el juez de segunda instancia sobre este tópico, sino precisamente lo contrario.


2. El Tribunal no tuvo acreditado, estándolo, que el gestor mantuvo con Daniel Antonio “una convivencia de pareja en la que hicieron una comunidad de vida permanente y singular” del 8 de enero de 1998 al 26 de septiembre de 2011, porque le restó credibilidad a los testimonios de Eris Alberto Arroyo Díaz, Leonidas Alejandro Esquivia Peña, Tito Ricardo Jiménez Estrada y Fabio Domingo Flores, pues, prescindió de ahondar en sus contenidos, dejando de lado las circunstancias de conocimiento y oportunidad de los exponentes, “pese a ser exactos, responsivos y precisos”. 


Para tal fin, pone de presente lo que esa Corporación “extrajo” o “dijo” de esas versiones “en los apartes fácticos de la sentencia”, y enseguida, el contenido de cada una, para concluir que a partir de ellas “podía colegirse sin mayor esfuerzo hermenéutico” que se dieron los elementos de la unión marital de hecho.


Puntualmente, denuncia que el ad-quem cercenó e interpretó de forma contraria a su tenor la exposición de Arroyo Díaz, limitándose a tomar apartes descontextualizados, sin sopesar que indicó de manera fidedigna, en razón de ser “compadre de sacramento del finado” y de las constantes visitas que hacía a la vivienda, que Álvaro Argumedo desempeñaba la mayoría de las tareas domésticas y cuando su compañero enfermó gravemente lo atendió y le dispensó lo necesario para una vida digna.


Igual pasó con las manifestaciones juradas de Esquivia Peña, toda vez que bajo ninguna circunstancia el fallador podía omitir que reveló cómo dentro de la comunidad homosexual de Ciénaga de Oro era de público conocimiento el vínculo marital, más aún cuando contó que el actor obraba como “una verdadera ama de casa” y patentizó el elemento de la ayuda y socorro mutuos al sostener que éste fue quien asistió al finado cuando su salud se deterioró y aún se hallaba en el hogar, siendo la única interpretación viable la existencia de unión marital, máxime que a ninguno de sus integrantes se le conoció otra persona con quien tuvieran lazo sentimental.


Del relato de Jiménez Estrada lo único que puede deducirse es la presencia de una relación de “pareja” con cohabitación, tal y como sostiene que el de cujus se lo manifestó, “hecho que el honorable Tribunal hace ver como si fuera negro, pese a que es blanco”. Además, aquél refirió que el impugnante se encargaba de la mayoría de los quehaceres domésticos, lo auxilió en la fase degenerativa de su estado salud, organizó el velorio y “le daban el pésame como si se tratara de una viuda”.  


Carece de lógica afirmar que a partir del testimonio de Fabio Domingo Flores no podía colegirse la comunidad de vida, pues, “es palmario” que este dio cuenta de una convivencia, permanente y singular. No es viable interpretarse de otro modo que narrara que en variadas ocasiones encontró durmiendo a Álvaro Alfredo con Daniel Antonio y que el primero fue quien atendió al segundo durante su padecimiento. Si esto no demuestra la ayuda y socorro mutuos y la intención de conformar una familia, nada lo hace, y probatoriamente se torna imposible establecer una unión marital de hecho. Siendo precisas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el tercero percibió los acontecimientos, es manifiesto el error del Tribunal al distorsionar la prueba.


Además, Judith Cueter Vallejo “[s]olo hizo declaraciones escuetas y contradictorias…sin otorgar credibilidad para la Litis”, pero el ad-quem no las analizó pormenorizadamente, limitándose a señalar que su dicho fue “espontáneo, armónico y claro en las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los hechos”, al tiempo que lo mutiló en cuanto ella contó contundentemente que perdió contacto directo con Daniel Antonio desde antes de 1988 y que no visitaba la casa de este salvo en ocasiones muy especiales, de tal suerte que no puede suministrar claridad sobre los fundamentos fácticos del proceso, amén de que riñe con la contestación del libelo introductorio donde se le atribuye sostener una relación con el causante.


Tampoco la Corporación de origen podía predicar que no hubo la unión marital a partir de lo expresado por Ayda Alfonsina Puentes Yánces comoquiera que de “un análisis pormenorizado del mismo [testimonio] se puede concluir unívocamente que…entre esta testigo y el finado…no hubo un vínculo más allá de la presunta visita de este último al domicilio de la testigo con el fin de consumir el almuerzo, como ella misma fue contundente en expresar el finado era una persona ‘muy reservada en sus cosas’”. Adicionalmente, la expositora demostró ser “homofóbica” y dijo que “nunca compartiría mesa con una persona así [homosexual], lo que sin duda impedía que el finado ventilara una relación de esa naturaleza frente a ella”, circunstancia que pasó de largo el fallo atacado. También fue contradictoria al relatar que el profesor hacía los oficios de la casa.


Por último, de lo dicho por Isabel Cristina de León Geovo no puede desprenderse lo concluido por el Tribunal, por cuanto también se aprecia que es “homofóbica”, lo que pone en tela de juicio su declaración, de tal manera que no ofrece ninguna claridad, máxime que manifestó que el finado era muy reservado.


Estos tres últimos relatos carecen de fuerza como plena prueba para controvertir los hechos de la demanda, toda vez que son incompletos, contradictorios y faltos de claridad, amén de que el juzgador pasó por alto que la relación marital era exteriorizada ante quienes la respetaban y encubierta frente a los demás.




SEGUNDO CARGO


Se hace consistir en la violación indirecta por falta de aplicación de los artículos 1, 2, 3, 5 y 6 de la Ley 54 de 1990, modificados por los preceptos 1, 3 y 6 de la Ley 979 de 2005, por manifiestos errores de derecho en la valoración de los memorados testimonios. 


Desarrolla el ataque, así:


El Tribunal no atendió las directrices del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto no realizó un estudio conjunto de las versiones de los terceros, arribando a conclusiones equivocadas. En ese sentido, pasó por alto los “puntos de enlace” de lo mencionado por Eris Alberto Arroyo Díaz, Leonidas  Alejandro Esquivia Peña, Tito Ricardo Jiménez Estrada y Fabio Domingo Flores, quienes coincidentemente afirmaron los siguientes sucesos demostrativos de la unión marital:


Los extremos temporales de la relación (enero de 1998-fallecimiento); la distribución de las labores domésticas, la mayoría asignadas a Álvaro Alfredo, mientras Daniel Antonio “trabajaba para la manutención de esa familia”; la convivencia “bajo el mismo techo, compartiendo lecho, hasta la muerte…” del segundo; el sostenimiento de relaciones sexuales; la ayuda y socorro mutuos, en virtud de los que el primero “atendió al finado cuando su estado de salud empeoró y se encontraba aún en casa” incluso buscando al médico para atenderlo, y éste retribuía la ejecución de los quehaceres como un esposo a su esposa.


Más evidente es el yerro en el caso de Fabio Domingo Flores, al restarle credibilidad, pese a tener puntos de conexión con los demás. 


Tampoco atisbó la ligazón entre los testimonios de Judith Cueter Vallejo, Aída Puentes Yánces e Isabel Cristina León Geovo, de los que surge el temperamento reservado del causante, evidenciado en que exteriorizaba su unión marital a las personas que la respetaban y la encubría frente a las demás; ni expuso razonadamente por qué los encontró espontáneos, armónicos, claros y, por tanto, creíbles.


De un “…análisis conforme a la sana crítica probatoria, fácilmente se hubieran establecido las diferencias objetivas” entre las uniones maritales heterosexuales y homosexuales, “pues su aparejamiento en un análisis probatorio conlleva inexorablemente a error manifiesto y evidente”.


IV. CONSIDERACIONES


1. Siguiendo los derroteros  trazados por los  artículos 624 y 625 del Código General del Proceso, vigente en su integridad a partir del 1º de enero de 2016, esta Corporación asumirá el estudio del libelo a la luz del Código de Procedimiento Civil y las normas que lo complementaron y modificaron, aún en vigor el 11 de agosto de 2015, fecha en que se interpuso el recurso extraordinario.


2. De conformidad con el numeral tercero del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, el escrito de casación debe contener


(…) la formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas. Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción.


Como desde antaño la Corte ha predicado reiteradamente, el enjuiciamiento que se hace en sede casación recae en la sentencia que finiquita las instancias, de tal manera que la precisión que proclama la norma alude a la completa armonía de los cargos con lo allí resuelto y todos los fundamentos que resultaron necesarios para ese fin, requerimiento que no se colma cuando el ataque se enfila contra aspectos que dicho pronunciamiento no contiene o que el recurrente malentiende (desenfoque) o se plantea dejando al margen motivaciones esenciales que condujeron a la decisión adoptada.


Por lo tanto, los embates por violación indirecta de la ley sustancial, sea por error de hecho o de derecho, han de ser comprensivos de todos los argumentos en que el Tribunal edificó su determinación, puesto que si el impugnante omite alguno de éstos, aquellos son formalmente incompletos y, en consecuencia, insuficientes para derruirla.


Al respecto, la Sala ha predicado que

Cuando la sentencia impugnada se fundó en varios medios de convicción, si la causal de casación es la primera y por vía indirecta, es menester que se ataquen todas las pruebas en que se apoyó el sentenciador para decidir como lo hizo, pues si la acusación no comprende todos los soportes, el cargo no es completo y, en tal evento, el fallo no puede ser quebrado.." (Senten­cia de 8 de abril de 1.992), CSJ SC, 28 ab. 1995, exp. 4174.


Y más recientemente,

(…) en cuanto refiere a la precisión que debe caracterizar los cargos, se ha dicho también que ´resulta indispensable que, entre otros aspectos, exista una 'relación' entre la 'sentencia y el ataque que se le formula' (auto de 19 de noviembre de 1999, Exp. No. 7780), simetría que debe entenderse, además, según recientemente puntualizó la Corte, 'como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución' (auto de 8 de agosto de 2003, Exp. No. 40301, que hace eco de otro anterior, G.J. CCLV-116)’”. Véase auto de 20 de enero de 2009, Exp. 11001-3103-007-2001-00902-01. La precisión y claridad que en esa demanda se exige obedece fundamentalmente a que como la Corte tiene limitadas sus facultades en razón de lo dispositivo de este recurso extraordinario, no pudiendo por tanto enmendar errores y colmar omisiones del recurrente, ese escrito debe, entre otras cosas, focalizarse en desquiciar eficazmente todos los pilares o soportes fácticos y jurídicos que sostienen el fallo –o la parte de él de la que discrepa el censor-, porque si alguno queda en pie y le presta apoyo, vana fue la tarea del impugnante, pues la Corte ha de mantener el fallo del Tribunal, que arriba a esta sede casacional amparado por una presunción de acierto y legalidad en cuanto a las conclusiones fácticas y al derecho aplicado por el juez de la alzada (CSJ AC, 20 en. 2008, exp. 2001-00902-01).


3. La demanda presentada por el impugnante para sustentar el recurso de casación, no satisface los requisitos mínimos de forma y de técnica, por cuanto:


3.1. El fallo confutado, conclusivo de que “no existe claridad respecto de si realmente existió una cohabitación…con la intención de conformar una familia” entre Álvaro Alfredo y Daniel Antonio, amén de fundarse en la prueba testimonial, en el marco del principio del onus probandi “en virtud del cual corresponde probar a las partes el hecho que alegan”, también se soportó en la declaración de parte del impugnante para reafirmar la imposibilidad de “validar la tesis relativa a que el demandante…y el extinto hubieren sido compañeros permanentes durante más de 13 años”, pues, en cuanto ofrece valor probatorio de confesión, esa versión presenta


(…) dos inconsistencias: la primera relativa a la fecha en que iniciaron como pareja pues inicialmente sostuvo que conoció al finado DANIEL ANTONIO GÓMEZ CASSERES VILLADIEGO, el 8 de enero de 1998 y recién conocido se fue a vivir con él a la casa de la calle 8 con carrera 15, pero ante la insistencia del operador judicial de la instancia anterior rectificó que previamente ya lo había conocido; y en segundo lugar, no fue claro, conteste y espontáneo en relatar cómo se desarrolló esa comunidad de vida, y cuáles habían sido esos actos de solidaridad y apoyo mutuo, pues solo se limitó a exponer una tarde de corralejas y que hacía desayunos y mandados al finado.


El libelo con que Argumedo Durango denuncia violación de la ley sustancial por error de hecho (cargo primero) y de derecho (cargo segundo) contiene una abundante referencia a la prueba testimonial en que el Tribunal también apoyó su fallo. Sin embargo, guarda absoluto silencio en relación con las memoradas motivaciones, las que tal y como se aprecia sin mayor esfuerzo igualmente brindan apoyo decisivo a la providencia, toda vez sostienen que la versión del demandante, en cuanto de ella puede tomarse como confesión, antes que despejar acentúan las inconsistencias encontradas en las declaraciones de los terceros, ello en el contexto que era carga de la parte actora demostrar los eventos que alegaba.


De tal suerte que los cargos analizados adolecen de insuficiencia en el ataque a todos los fundamentos cardinales que sirvieron a la resolución del Tribunal, situación en común a los dos, de suyo suficiente para inadmitir la demanda que los contiene.


3.2. Con todo, atinente al primer cargo, también se observa que su formulación resiente falta de precisión al atribuir al fallo atacado la extracción de una conclusión a partir de unos elementos probatorios, cuando ello no sucedió.


En efecto, el recurrente denuncia que en la apreciación de las versiones de Judith del Carmen Cueter Vallejo, Ayda Alfonsina Puentes Yances e Isabel Cristina de León Geovo, acopiadas a solicitud de su contraparte, el sentenciador de segundo grado incurrió en “suposición”  y a raíz de ello tuvo por demostrado que aquél apenas era un colaborador en los quehaceres domésticos de la casa de Daniel Antonio Gomezcasseres Villadiego.


Sin embargo, resulta desafortunado señalar que a partir de tales medios de convicción el fallador sacó una conjetura de esos alcances, para lo cual basta ver que al referirse a ellos, apenas mencionó que a diferencia de los anteriores, éstos declarantes “sí fueron espontáneos, armónicos y claros en las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre las cuales tuvieron conocimiento de los hechos sobre los cuales rindieron testimonio”


Así las cosas, lo máximo que el recurrente podría afirmar válidamente sin alterar el genuino sentido de lo expuesto por el Tribunal alrededor del punto es que éste acudió a lo expresado por los precitados terceros como mero apoyo de una conclusión que ya había sacado de las otras versiones, aseveración que se refuerza cuando se advierte que sin haberlos mencionado ya había dicho, a partir de la apreciación “conjunta de los deponentes antes mencionados”, es decir, los que se pronunciaron a instancia del actor, Eris Alberto Arroyo Díaz, Leonidas Alejandro Esquivia Peña, Tito Ricardo Jiménez Estrada y Fabio Domingo Flores, que “es ahí donde coge mayor fuerza la hipótesis de la demandada consistente en que el demandante simplemente realizaba labores en la casa del finado”.


De tal suerte que el censor centró su reproche en este aspecto asumiendo como cierta una postura que el ad-quem no tuvo, lo que también hace improcedente el estudio del cargo.

3.3. Y en lo concerniente al segundo embate, la Corte encuentra el siguiente defecto especial que igualmente impide su estudio:


3.3.1. El error de derecho se materializa cuando el juzgador aprecia pruebas producidas sin observar los requisitos legales o, por el contrario, prescinde de valorarlas por considerar equivocadamente que fueron rituadas indebidamente. Igualmente, cuando confiere valor demostrativo a un elemento de persuasión que la ley prohíbe expresamente para el caso; se lo niega al que el legislador ha señalado apropiado para acreditar un hecho o acto jurídico; da por demostrados éstos con uno distinto al requerido, o exige otro de carácter especial no contemplado en una disposición. Finalmente, cuando infringe una norma que le indique la manera de apreciar las pruebas.


En la última de dichas modalidades puede incurrirse por desconocimiento del mandato del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual “[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.


La formulación técnica de un reparo de esta índole y por el precitado concepto implica la individualización de los medios de convicción cuya ponderación conjunta extraña el censor; la exposición de los pasajes en que se funda; la extracción de los puntos de enlace y coincidencias que se derivan de ellos; y la demostración de que el fallador no extrajo estos, a pesar de ser relevantes para su determinación, y que, por ende, violó una o más normas de naturaleza sustancial.


Lo anterior, evitando incursionar en señalamientos atinentes a que el Tribunal ignoró la prueba, pues, se trataría de un desarrollo extraviado del cargo, por error de hecho o, al menos, un indebido entremezclamiento de uno y otro yerro, mixtura proscrita por su carácter excluyente, comoquiera que no puede reprocharse que aquél no encontró las conexiones que surgen entre diferentes pruebas y a la vez que materialmente las cercenó.


Al respecto, la jurisprudencia ha dicho que


Como bien lo reiteró la Sala en sentencia de 16 de diciembre de 2004, exp. 7459, “[s]obre la apreciación de las pruebas en conjunto y la exposición razonada que se le debe dar a cada una de ellas, exigencias impuestas al sentenciador por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, ha expuesto la Corte que como de ‘conformidad con la presunción legal de acierto en la estimativa probatoria de un fallo que llega en casación, se entiende que el fallador da cumplimiento al deber de apreciar en conjunto o globalmente (integración mediante la relación o causación de similitud, disimilitud, oposición, convergencia, etc.) todas las pruebas que se dan por existentes en el proceso sometiéndose en ello a las reglas de la sana crítica y sus limitaciones (las solemnidades esenciales y de validez de los actos), dando la razón del mérito de cada prueba (art. 187 del C. de P. C.), es menester concluir que su impugnación en casación por error de derecho no queda ajustada del todo a la técnica por la indicación abstracta de la violación de la citada preceptiva, sino que además, es indispensable, entre otros, que el defecto sea en la apreciación normativa de la prueba y no se sustente en deficiencia fáctica, como la preterición de la prueba, porque el yerro que debe endilgarse debió ser el de hecho y no el de derecho. Además, es imperativo, por lo arriba expuesto, que la indicación de tal yerro de derecho, a pesar de referirse a falta de apreciación global, debe ir acompañada de la determinación o singularización (como lo exigen los artículos 368, num.1, y 374, num.3, C. de P. C.) de todas y cada una de las pruebas, que a juicio del recurrente no fueron objeto de apreciación conjunta; indicación ésta que, por lo demás, debe ser completa en el sentido que abarque la apreciación en conjunto de todo (y no de una parte o grupo) el acervo probatorio que sostiene el fallo, la que debe ir acompañada de su comprobación con la indicación de los pasajes donde quede demostrada completamente la falta absoluta de la mencionada integración y estimativa global, pues no apareciendo de esta manera, se mantiene la presunción de acierto en esta materia, que, por lo tanto, deja invulnerable el fallo por ese motivo”(sentencia número 103 de 6 de mayo de 1991, no publicada aún oficialmente)”, se destaca (CSJ SC4809-2014, EXP. 2000-00368-01).


Y en otra ocasión


Este principio de la apreciación en conjunto de las pruebas es un complemento natural del método adoptado por el Código en el mismo artículo 187 para la estimación de aquellas: si, con las conocidas excepciones legales, el análisis de las pruebas no se encuentra predeterminado por normas legales que señalen el valor que les atañe, sino que debe ser abordado con un criterio eminentemente lógico y científico, claramente comprensible resulta que la susodicha tarea no se puede adelantar dejando de relacionar los medios en pos de una visión amalgamada o coherente de los hechos porque, pensando de otro modo, ello conduciría a que de estos se dé una figuración errática, fragmentaria o descoordinada (…). Como es natural, en procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente fáctico, la referida tarea valorativa se ciñó a la norma citada, no será admisible la prédica de la sustitución del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en éste la cuestión queda ya bajo el influjo del error de hecho que como se sabe tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho” (CSJ CSJ STC067, 4 mar. 1991, reiterada 14 dic. 2010, exp. 2000-00212-01).


3.3.2. En el evento que se examina, el recurrente no agotó en debida forma la tarea que le imponía la causal que planteó, comoquiera que al denunciar la falta de ponderación conjunta de los testimonios, separando los rendidos a solicitud suya de los recaudados a instancia de su contraparte, se limitó a enunciar los nombres de los integrantes de uno y otro grupo de deponentes, pero en ninguna parte acometió la tarea de singularizar los pasajes de cada una de las versiones de los que derivó los puntos de enlace y coincidencia que a su juicio no fueron vistos por el Tribunal, a cuya enunciación arribó directamente.


De tal manera que pasó por alto un paso del razonamiento lógico que debió realizar, dejando incompleta la demostración del ataque, en cuanto sin precisar los elementos que permitirían realizar esa tejedumbre y su engarces, llegó a estos, lo que impide que la Corte aborde el cargo.


No procede la integración de los ataques para sacar avante el último, tanto porque se encuentra afectado por el aspecto común inicialmente evidenciado que impide analizarlos, como porque mal podrían extraerse del primero los pasajes de los que surgirían esas conexiones, siendo que allí precisamente se discutió la materialidad de la prueba y ya se ha visto que la correcta formulación de la censura por error de derecho derivado de incumplir los mandatos del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil presupone ausencia de debate sobre ese tópico, “ya que no incurre el sentenciador en error de derecho cuando por error no ha valorado la prueba, y por ello un error no tiene por qué apoyarse en el otro, ni el de derecho es propiamente consecuencia o efecto del hecho” (XCLI, 199).


3.3.3. Adicionalmente y sin que ello implique adentrarse en el fondo del litigio, cabe destacar que la demostración del error yerro de derecho denunciado es apenas aparente e imprecisa, toda vez que mirado con detenimiento el fallo confutado, desde lo formal fluye que el sentenciador de segundo grado sí acometió el examen grupal que el inconforme extraña, para lo cual basta ver cómo expresó que apreciadas “en conjunto” las declaraciones de Eris Alberto Arroyo Díaz, Leonidas Alejandro Esquivia Peña, Tito Ricardo Jiménez Estrada y Fabio Domingo Flores no se infiere la existencia de un proyecto de vida singular y permanente, al punto que en algo tan esencial como los alimentos y no obstante las dotes culinarias de Álvaro Alfredo, Daniel Antonio compraba el almuerzo y la cena donde Aida Alfonsina Puentes Yánces, amén de que aquél no lo acompañó cuando estuvo recluido en la Clínica Montería, sino que se quedó cuidando la casa, lo que reforzó su convicción de que “simplemente realizaba labores en la casa del finado”.  Siguiendo esta senda fue que relievó que esa misma fue la “hipótesis” sostenida por Daniela Gomezcasseres Cueter, y en ese escenario hizo la única alusión a lo manifestado por el otro grupo de testigos y sumó la confesión que atribuyó al demandante.


4. Cumple señalar, por último, que desde otra perspectiva resulta improcedente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 del Código de Procedimiento Civil y 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.


5. Así las cosas, como ninguno de los reproches examinados satisface los requisitos formales y técnicos que le son propios, habrá de inadmitirse el libelo que los contiene, conforme el inciso cuarto del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.


V. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, INADMITE la demanda presentada por ÁLVARO ALFREDO ARGUMEDO DURANGO para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso frente a la sentencia proferida en audiencia de 11 de agosto de 2015 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería dentro del proceso verbal de aquél contra los herederos determinados e indeterminados de DANIEL ANTONIO GOMEZCASSERES VILLADIEGO, siendo los primeros DANIELA FRANCISCA GOMEZCASSERES CUTER y DANIEL ANTONIO GOMEZCASSERES LÓPEZ.


Notifíquese y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.



LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala



MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA